A solo tres días de la aprobación de la llamada Ley contra el Ciberasedio, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, solicitó públicamente al Congreso del Estado la realización de foros de análisis y consulta para revisar los alcances de la reforma, especialmente tras las críticas que la califican como una posible “Ley Censura”.
Mediante un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario estatal pidió que el debate incluya a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), medios de comunicación, asociaciones civiles, colegios de abogados y padres de familia. Su objetivo, afirmó, es proteger los derechos humanos “con el mayor consenso posible”, y recalcó: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.
La reforma fue aprobada el pasado 12 de junio, con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Entre sus puntos más controvertidos se encuentra el nuevo artículo 480 del Código Penal del Estado, que sanciona con hasta 3 años de prisión y multas de hasta 30 mil pesos a quien realice actos de ciberasedio definidos como insultar, injuriar u ofender reiteradamente a través de medios digitales, afectando la integridad física o emocional de una persona.
La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, respondió positivamente al llamado del Ejecutivo y anunció que esta misma semana se iniciarán mesas de trabajo y debates con enfoque de parlamento abierto.
Por su parte, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Rosa Isela Sánchez Soya, respaldó la intención de la ley al señalar que busca garantizar un trato digno y evitar la injuria en medios digitales. Sin embargo, también se comprometió a participar en un análisis detallado para asegurar que no se vulnere el derecho a la libertad de expresión, protegido en los artículos 6 y 7 constitucionales.
En contraste, organizaciones como Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla, así como legisladores de oposición del PAN y PRI, han advertido que la ley puede ser usada para criminalizar la crítica en redes sociales, violando principios de legalidad penal y sin haber incorporado el análisis de especialistas en libertad de expresión.
El debate sobre esta ley marca un momento clave en el equilibrio entre la protección frente al acoso digital y la defensa de los derechos fundamentales, por lo que se espera que el proceso de revisión incluya participación plural, técnica y transparente.
Fuente: Intolerancia
