El Gobierno argentino consiguió este lunes que la Justicia suspendiera, de manera preventiva, la publicación de audios grabados en la Casa Rosada a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y considerada la figura más influyente dentro de la gestión libertaria.
El juez federal Alejandro Maraniello argumentó que las grabaciones podrían afectar la intimidad de la secretaria de la Presidencia y la seguridad institucional del país. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional advirtieron que la medida roza la censura previa y que, según la legislación, solo puede evaluarse un daño una vez que la información ya fue difundida.
El origen de la crisis se remonta a los audios filtrados de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien denunció una presunta red de sobornos que, según sus palabras, involucraba a Karina Milei y al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem. Pese a la rápida desvinculación de Spagnuolo, nuevas grabaciones revelaron que Karina Milei también fue espiada en su despacho, desatando alarma en el entorno presidencial.
Desde la Casa Rosada se acusa a periodistas, operadores locales e incluso a servicios de inteligencia de Rusia y Venezuela de estar detrás de una operación internacional de espionaje destinada a desestabilizar al Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que se trata de un “ataque planificado contra la democracia argentina”.
La polémica coincide con un escenario económico complejo: el tipo de cambio se acercó a los 1.400 pesos por dólar, lo que presiona al ministro de Economía, Luis Caputo, a cumplir compromisos con el FMI. Además, La Libertad Avanza sufrió un duro revés en las elecciones de Corrientes, quedando en cuarto lugar.
El escándalo de los audios y la incertidumbre económica amenazan con erosionar la estabilidad política de Milei, justo antes de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, un bastión clave para el peronismo.
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