Puebla se suma a los estados que están tomando en serio la violencia digital, en un momento donde las pantallas no solo informan o entretienen: también pueden dañar, humillar o incluso empujar al suicidio a niñas, niños y adolescentes.
Hoy, el ciberacoso, los retos virales, la difusión de imágenes manipuladas con inteligencia artificial y el bullying digital tienen consecuencias graves que ya no pueden ignorarse. No se trata solo de dañar la autoestima: están poniendo en riesgo la salud mental, la integridad emocional y la vida de los más jóvenes.
Según datos nacionales:
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1,150 menores se suicidaron en México solo en 2020.
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Durante la pandemia, el 44 % de adolescentes dijo haber pensado en quitarse la vida, y 1 de cada 10 lo intentó.
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Se estima que 1 de cada 4 adolescentes tiene algún trastorno alimenticio, muchos vinculados al bullying o a las presiones en redes sociales.
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El acoso digital también deja secuelas como ansiedad, depresión, insomnio, aislamiento social y, en algunos casos, estrés postraumático.
Ante este panorama, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que los estados protejan a la infancia frente a la violencia digital. En específico, respaldó una reforma en Zacatecas que garantiza a niñas, niños y adolescentes una vida libre de violencia cibernética, incluyendo aquella generada por inteligencia artificial.
La ministra Margarita Ríos Farjat, quien presentó el proyecto, advirtió que hoy los menores están expuestos a formas de violencia que hace una década ni existían:
“La tecnología que usamos todos los días también puede dañar la imagen, dignidad y salud emocional de los menores”.
En paralelo, la SCJN también avaló que el Código Penal de Sinaloa castigue el uso de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas. La ministra Yasmín Esquivel señaló que muchos menores no tienen herramientas para distinguir entre lo real y lo manipulado, lo que los hace extremadamente vulnerables.
En este mismo camino, Puebla está reforzando su marco legal con la Ley de Ciberseguridad, que sanciona con cárcel y multas a quienes agredan o acosen digitalmente, y busca prevenir delitos como la suplantación de identidad, el espionaje digital y el grooming.
Estas acciones —tanto judiciales como legislativas— no buscan censurar, sino proteger vidas. Porque hoy, una ofensa en línea, una imagen manipulada o un reto viral pueden convertirse en la gota que derrame el vaso para un adolescente en crisis.
Las resoluciones de la SCJN y las leyes estatales como la de Puebla sientan un precedente urgente y necesario: proteger a la niñez en el entorno digital es un deber del Estado, de las escuelas y de la sociedad. La violencia cibernética no es del futuro: ya está aquí, y cobra víctimas todos los días.
