Aprueba Congreso de Puebla reforma judicial impulsada por Alejandro Armenta
PUEBLA, Pue.– El pleno del Congreso del Estado de Puebla aprobó por mayoría el paquete de reformas en materia judicial propuesto por el gobernador Alejandro Armenta, con el objetivo de modernizar la estructura del sistema de justicia en la entidad.
Entre los principales cambios, las y los diputados avalaron la expedición de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, que contempla la actualización en la denominación de órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ajustes en la estructura, organización y facultades del Tribunal Superior de Justicia. Además, se formaliza la operación del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, instancias de reciente creación.
Como parte del paquete legislativo, también se reformó la Ley de Carrera Judicial del Estado de Puebla, estableciendo que la formación de quienes integran el Poder Judicial deberá regirse bajo principios como la perspectiva de género, la igualdad, la vocación de servicio público y el compromiso social.
Asimismo, el pleno aprobó la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, con la cual se definen su integración, atribuciones, funcionamiento y competencia, fortaleciendo el andamiaje institucional en esta materia.
En paralelo, se avalaron modificaciones a la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución Política del Estado, sustituyendo al Consejo de la Judicatura por el Órgano de Administración Judicial, en concordancia con la nueva estructura.
También se reformó la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, con el fin de garantizar que los juicios se desarrollen bajo principios de legalidad, debido proceso y transparencia, además de precisar los requisitos para la suspensión de actos reclamados.
Finalmente, se aprobó la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la cual armoniza la legislación local con la normativa general e incorpora centros públicos y privados para la resolución de conflictos en materia administrativa, con el propósito de ampliar y facilitar el acceso a la justicia en la entidad.
