24 estados de EE. UU. demandan al gobierno de Trump por nuevos aranceles globales
Un grupo de 24 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump para impugnar los nuevos aranceles globales de 10% a las importaciones, en lo que representa la primera acción legal contra esta medida comercial anunciada tras un reciente fallo judicial.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Nueva York, fue impulsada por estados gobernados por demócratas como Nueva York, California y Oregon, quienes argumentan que el mandatario no tiene facultades para imponer estos impuestos a las importaciones después de la sentencia emitida el 20 de febrero por la Corte Suprema de Estados Unidos.
De acuerdo con los estados demandantes, los aranceles fueron establecidos por un periodo de 150 días con base en la Ley de Comercio de 1974, normativa destinada a atender emergencias monetarias temporales y no déficits comerciales estructurales.
El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, señaló que la medida representa un intento del Ejecutivo de evitar la participación del Congreso en decisiones económicas de gran impacto.
“Es un intento de eludir la colaboración con el Congreso que exige la Constitución”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa, al advertir que la política arancelaria del mandatario ha generado costos significativos para empresas y estados.
Por su parte, la Casa Blanca defendió la decisión presidencial. El portavoz Kush Desai aseguró que la administración utilizará las facultades otorgadas por el Congreso para enfrentar problemas estructurales en la balanza de pagos del país.
El decreto firmado por Trump el 20 de febrero fijó inicialmente un arancel de 10% a las importaciones, aunque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que estas tasas podrían elevarse hasta 15% en los próximos días.
Los aranceles se han convertido en uno de los pilares de la política económica y exterior del mandatario durante su segundo mandato. Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema que invalidó gran parte de las tarifas anteriores impuestas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ha abierto un nuevo frente legal en torno al alcance de la autoridad presidencial en materia comercial.
