Gobierno de Javier Milei impulsó proyecto de Ley de Libertad Educativa con cambios de fondo en el sistema educativo argentino

Internacional

El presidente de Argentina, Javier Milei, presentó públicamente el proyecto de Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que propuso una transformación estructural del sistema educativo al redefinir el rol del Estado, ampliar la participación de las familias y habilitar nuevas formas de enseñanza, como la educación en el hogar y los entornos virtuales.

La propuesta estableció un modelo en el que el Estado asumió un papel subsidiario, cediendo protagonismo a las familias como agentes primarios de la educación. El proyecto reconoció la “libertad educativa” como el derecho a enseñar y aprender conforme a convicciones y proyectos pedagógicos propios, y planteó que el Estado garantizara ese derecho sin sustituir la responsabilidad individual ni la iniciativa social.

Entre los cambios centrales, la iniciativa habilitó el homeschooling, autorizó la educación virtual fuera del sistema escolar tradicional y otorgó a los padres de familia facultades para intervenir en la gestión de las escuelas, incluida la designación y remoción de directivos a través de Consejos de Padres.

El proyecto también modificó el esquema de financiamiento educativo, al proponer que los recursos públicos se destinaran a las familias y no directamente a las instituciones. A través de vales, becas o bonos, los estudiantes podrían elegir escuela, generando un régimen de competencia entre centros educativos para captar matrícula.

Aunque la reforma incluyó disposiciones para el nivel universitario, se concentró principalmente en los niveles obligatorios: inicial, primario y secundario. En caso de aprobarse, las escuelas públicas y privadas podrían diseñar sus propios planes de estudio, respetando únicamente contenidos mínimos definidos a nivel nacional.

Especialistas en educación advirtieron que la iniciativa representó un cambio profundo para un país donde más del 70 por ciento del alumnado asiste a escuelas públicas. Académicos señalaron posibles riesgos en términos de equidad, derecho a la educación y debilitamiento de la escuela como espacio de socialización y construcción colectiva del conocimiento.

Asimismo, los principales sindicatos docentes manifestaron su rechazo a la reforma, al considerar que profundizó la mercantilización de la educación, promovió la privatización del sistema y afectó derechos laborales, particularmente al definir la educación como un “servicio esencial”.