Internacional
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue puesto bajo prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema de Justicia, luego de que se determinara que incumplió las restricciones cautelares impuestas en el proceso judicial en su contra por intento de golpe de Estado.
El magistrado Alexandre de Moraes, quien instruye la causa, dictaminó que Bolsonaro deberá permanecer en su residencia bajo estricto régimen de aislamiento, permitiéndole únicamente la visita de familiares. La decisión se fundamenta en el riesgo de fuga y la reiteración de conductas que desafían las órdenes del tribunal.
Entre las medidas cautelares que Bolsonaro habría vulnerado están la prohibición de usar redes sociales, el uso obligatorio de tobillera electrónica, y la restricción de contacto con diplomáticos, embajadas y otros investigados por la supuesta conspiración golpista tras su derrota electoral en 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
La Policía Federal ejecutó recientemente allanamientos en dos inmuebles ligados al exmandatario: su residencia en Brasilia y la sede del Partido Liberal (PL), agrupación que lidera.
Tensiones internacionales: Trump arremete contra la justicia brasileña
El caso ha escalado a nivel internacional, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara el proceso judicial como una “caza de brujas” y anunciara represalias económicas. Trump impuso un arancel del 50 % a las importaciones brasileñas, alegando persecución política contra su aliado.
Además, el mandatario estadounidense envió una carta de respaldo a Bolsonaro y denunció presuntas órdenes ilegales de la Corte brasileña para censurar redes sociales, lo que ha generado fricciones diplomáticas entre Washington y Brasilia. El presidente Lula da Silva calificó estas declaraciones como una "inaceptable injerencia".
Un momento clave para la democracia brasileña
El arresto domiciliario de Bolsonaro marca un punto de inflexión en la historia democrática de Brasil. Es la primera vez que un expresidente enfrenta este tipo de sanciones por presunto golpismo en un contexto de democracia. La medida pone a prueba la solidez institucional del país, su capacidad para hacer cumplir la ley y enfrentar los desafíos del populismo autoritario, aún con líderes que conservan amplio respaldo ciudadano.
Fuente: Expansión








