El gobierno de Ecuador inició la deportación de cerca de 1,000 ciudadanos colombianos con antecedentes penales, a quienes ha vetado el ingreso a su territorio por los próximos 40 años. La medida, anunciada por el ministro del Interior, John Reimberg, busca reducir el hacinamiento en las cárceles y reforzar la política de seguridad del presidente Daniel Noboa.
“Estos delincuentes tienen prohibido su ingreso al Ecuador por los próximos 40 años. No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles”, declaró Reimberg en su cuenta oficial en la red X.
Durante el fin de semana, 603 personas fueron entregadas a las autoridades colombianas a través del puente de Rumichaca, principal conexión fronteriza entre ambos países. Otros 500 llegarán en los próximos días, según confirmó la cancillería de Colombia, que protestó por la medida al considerarla unilateral y carente de coordinación diplomática previa.
Las personas deportadas estaban vinculadas a delitos como robo y tráfico de drogas, y se encontraban en fase final de cumplimiento de condenas en Ecuador. Según Reimberg, cada caso fue revisado de forma individual.
La decisión ha generado tensiones entre ambos gobiernos. Colombia expresó su inconformidad y pidió establecer un calendario para garantizar un proceso ordenado. En respuesta, Quito aseguró que informó a Bogotá desde el pasado 8 de julio y que las expulsiones respetan los derechos humanos.
El alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, señaló que los deportados quedarán en libertad si no tienen procesos judiciales pendientes en Colombia.
Las cárceles ecuatorianas, con capacidad para 30,000 internos, llegaron a albergar hasta 39,000 reos en 2023. Actualmente, la cifra ronda los 31,300, incluidos unos 1,500 colombianos. Desde 2021, más de 500 reclusos han muerto en enfrentamientos entre bandas dentro de las penitenciarías.
El presidente Noboa mantiene la declaración de conflicto armado interno desde enero de 2024, en su cruzada contra el crimen organizado, que ha colocado a Ecuador entre los países más violentos de la región, con una tasa de homicidios de 38 por cada 100,000 habitantes.
Fuente: Swissinfo
